El narcotráfico: el combustible que mueve la guerra
Artículo de Carlos Obando
Colombia es un país densamente poblado en muy poca extensión
de tierra. 42 millones de habitantes ocupan un territorio de un
millón 300 mil kilómetros cuadrados aproximadamente,
pero, sólo el 5% vive en las 2/3 partes de esta extensión
territorial, la selva amazónica y las llanuras del sur del
país. Estas dos regiones que algunos han llamado la "Colombia
invisible" está conformada por 10 departamentos en la
que viven un poco más de tres millones de habitantes (población
rural fundamentalmente) en cerca de 750 mil kilómetros cuadrados
de tierra, es decir, más de la mitad del total de la extensión
territorial de todo el país
Durante más de 30 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), la organización guerrillera más
antigua y poderosa militarmente de este país ha querido establecerse
en esta zona y controlar la población mediante el adoctrinamiento
político y el establecimiento de su ideología de clara
tendencia marxista-leninista. Con la llegada del tráfico
de drogas en la década del 80 este panorama cambió.
Y cambió, porque el escenario de la izquierda en el mundo
también fue otro con el final de la guerra fría y
la disolución de la Unión Soviética, lo que
colocaba el espectro político en el mundo en un giro hacia
la derecha y obligaba a los grupos armados de izquierda, que por
la década de los 70 existían en casi todos los países
de América Latina, a desmovilizarse y llegar a acuerdos de
paz, o de continuar en la guerra, como en el caso colombiano, a
buscar otros mecanismos que los sostuvieran.
Fue en este giro donde la guerra adquirió una dinámica
más económica que política y de ahí
que sean los recursos que provienen del narcotráfico los
que vayan a ser utilizados por los grupos armados -guerrillas y
paramilitares- para financiarla. Hoy se habla de que el 40% de los
ingresos de las FARC y el 70% de los ingresos de los grupos de extrema
derecha o paramilitares provienen de algún tipo de vinculación
directa o indirecta con el cultivo, la producción y el tráfico
de cocaína. Para ser más claros, y aunque las cifras
que publican diferentes organismos nunca coinciden, en Colombia
había en el año 1983 alrededor de 13000 hectáreas
de coca y las FARC contaban con 2000 hombres armados en sus filas.
15 años después en 1999, había en Colombia
alrededor de 103.200 hectáreas y las FARC contaban con 16000
hombres, es decir que tanto los cultivos como la guerrilla se habían
multiplicado en casi 8 veces. Otros informes dicen, por ejemplo,
que en el año 2000 Colombia tenía 125000 hectáreas
sembradas sumadas la coca y la amapola, una planta que sirve para
extraer el látex de opio para el procesamiento de la heroína
que no era cultivada en Colombia hasta finales de la década
del 90 . De éstas, se han destruido 100 mil hectáreas
con el plan de fumigación y restitución de cultivos
implementado por el gobierno, pero hoy en el 2003 hay 165000 hectáreas
en plena producción, lo que demuestra que la destrucción
y la siembra sustitutiva por otros cultivos no contrarrestan las
cifras, sino que por el contrario parecen incentivarlas.
El otro efecto que recrudece y perpetua la guerra es la aparición,
en los últimos 20 años, de los grupos paramilitares
o de autodefensa que efectivamente nacen con el auge de los carteles
de la droga a comienzos de los años 80, como ejércitos
de protección de los capos y de sus intereses en el negocio
de la droga: protección de cultivos, laboratorios y tráfico
de la droga o destinados a amenazar y asesinar a quienes se opusieran
al negocio: jueces, periodistas, políticos que en Colombia
ejercían algún tipo de liderazgo en la opinión
pública y denunciaban estas organizaciones criminales. Pero,
es a partir de los años 90 que estos grupos crecen y se expanden
por la geografía colombiana adquiriendo una dinámica
propia, gracias también, a la connivencia -por acción
o por omisión- con algunos sectores del ejercito colombiano,
lo que les ha permitido multiplicarse de manera muy rápida
aumentando el número de hombres y su capacidad militar.
En este sentido, lo que era hasta los años 80 una guerra
ideológica basada en el adoctrinamiento de la población,
ha devenido en una guerra centrada en el control del territorio
y de las zonas donde existen recursos naturales lícitos como
el petróleo o la ganadería e ilícitos como
el cultivo de coca y amapola. De ahí, que si sobreimponemos
el mapa de las zonas ricas en recursos (legales o ilegales) con
el de las zonas del conflicto armado, curiosamente nos encontramos
que estos dos mapas coinciden casi con precisión matemática.
En conclusión, en Colombia donde hay guerra hay recursos
naturales que mueven enormes cantidades de dinero o, quizás
al contrario, que vale decirlo, no es lo mismo, donde hay recursos
es donde convive con mayor intensidad la guerra.
Finalmente, la producción y el tráfico que es lo
que se combate y deja miles de muertos y desterrados en Colombia
son sólo dos aspectos del problema de la droga. Habría
que mirar también las enormes ganancias que produce el comercio
de precursores químicos necesarios para el procesamiento
del alcaloide y que son producidos por algunas multinacionales europeas
y del lavado internacional de dinero que se hace con la complacencia
o el silencio malicioso de los países de la Unión
Europea y de los Estados Unidos. El narcotráfico, pues, es
hoy un negocio globalizado que mueve, según la ONU, 400.000
millones de dólares al año es decir el 8% del comercio
mundial, es también globalizado porque nutre otro negocio
ilícito como es el tráfico de armas (80 millones de
rifles AK-47 se negocian en el mercado negro al año). El
armamento decomisado a la guerrilla en Colombia es casi todo de
fabricación norteamericana e israelí. Las armas vienen
de Jordania, Rusia, China, Bulgaria, Corea del Norte y otros países
de la Europa Oriental, entran por Brasil, Panamá, Ecuador
y Perú y se canjean por droga (se conocen versiones de que
Alberto Fujimori, ex-presidente peruano junto a su asesor Vladimiro
Montesinos, vendió armas a la FARC procedentes de Jordania,
pero igualmente tuvieron algún tipo de negociación
con los carteles de la droga). Según testimonios dados a
la prensa por paramilitares, cambian fusiles AK-47 y ametralladoras
M-60, lanzagranadas de mano y morteros por kilos de cocaína
en lugar de dinero. Igualmente, el negocio de la droga compite con
el tráfico de personas que deja utilidades cercanas a los
7000 millones de dólares y al blanqueo de dinero de estos
negocios que representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial según
concluye la ONU.
Hoy, además, existe un fenómeno que comienza a preocupar
en ambos hemisferios y es que se ha detectado que narcotraficantes
colombianos y mexicanos intercambian cocaína por drogas sintéticas,
producidas en países europeos como Holanda, Francia y Alemania.
El intercambio de drogas producidas en los países en vías
de desarrollo con las de los países industrializados sin
la transacción hecha en dinero evita el blanqueo, pues aunque
la negociación se hace en dólares, éstos no
circulan y el dinero entra limpio a las arcas de los carteles de
la droga de un lado y de otro. Lo que quiere decir, que tanto el
consumo como el tráfico se está globalizando y que
el mercado se asemeja al de los productos lícitos, convirtiendo
los países productores en consumidores y los consumidores
en productores, gracias a la mundialización y a la homogenización
del consumo, como también, a la participación de muchos
países en cualquiera de las fases del negocio del narcotráfico.
Las drogas en la agenda norteamericana
La importancia del tema de las drogas ilícitas en las relaciones
Colombia- Estados Unidos, ha cambiado desde los años 70.
El primero en plantearse la droga como una amenaza para la seguridad
nacional fue el presidente Nixon, que declaró el tráfico
de drogas "el enemigo público número uno de los
Estados Unidos"; luego, el presidente Reagan lo retoma y lo
incluye en la agenda de asuntos exteriores con la decisión
directiva de seguridad nacional sobre narcóticos lo que pone
a Colombia en la mira internacional a partir de lo que se ha llamado
la post-Guerra Fría y que da un viraje del comunismo como
amenaza para el imperio norteamericano al narcotráfico como
un asunto de seguridad nacional. Posteriormente, Clinton lo hace
visible a través del "Plan Colombia" en el que
demuestra el vinculo entre drogas y seguridad estadounidense que
siempre han promovido los gobiernos norteamericanos.
Los últimos años han sido de relaciones tensas y
viciadas siempre por el tema de las drogas, lo que ha hecho que
difícilmente en los últimos 15 años las relaciones
de Colombia con los Estados Unidos se hayan podido plantear sin
estar "narcotizadas". La amenaza del narcotráfico,
según los norteamericanos, ha crecido en la misma proporción
al aumento del cultivo de coca (hace 20 años Colombia no
cultivaba coca, eran sólo Perú y Bolivia, hoy además
de cultivarla ingresa en el cultivo de la amapola y la producción
de heroína que ha sido propiedad de los países de
la Europa del Este y de Afganistán que es el mayor productor
de heroína en el mundo, exportando al menos el 60% hasta
antes del 11 de septiembre).
El incremento en la producción de estos cultivos, más
el involucramiento de las guerrillas (FARC, ELN) como también
de los grupos armados de extrema derecha, paramilitares y autodefensas,
en el negocio del narcotráfico no sólo ha intensificado
la guerra en Colombia, sino que les ha permitido en un breve tiempo
tener una mayor y mejor dotada infraestructura de guerra, que en
algunos casos se ha considerado superior a la exhibida por los organismos
de seguridad del Estado. La guerra en Colombia se vive hoy por tierra,
mar y aire y el armamento exhibido como las estrategias mostradas
indican que la guerra está planteándose para muchos
años, pues, igualmente continúa el reclutamiento de
hombres, mujeres e incluso niños a los que se les pagan salarios,
absorbiendo de esta manera un porcentaje de la cifra de desempleo
que tiene el país, de las más altas en Suramérica.
Porqué Colombia es una amenaza?
Colombia es la fuente principal de oferta de cocaína para
los Estados Unidos y según éstos supone hoy una amenaza
para la estabilidad y la seguridad regional de América Latina.
Seguridad que evalúan los norteamericanos en función
de su política homogenizante y unilateral que han ejercido
por décadas en los países de este continente. Una
política impuesta a través de las dictaduras puestas
o avaladas por los Estados Unidos en las décadas del 50 y
hasta los años 80 (Argentina, Chile, Nicaragua, Paraguay)
o en los presiones económicas ejercidas desde organismos
internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional,
controlados desde Washington y que han terminado por asfixiar las
economías de estos países y aumentar considerablemente
los niveles de pobreza. La política de los norteamericanos
se ejerce hoy mucho más, después de la caída
del muro de Berlín y de la disolución de la Unión
Soviética que ha puesto al Imperio a hablar solo, sin escuchar
a interlocutores; que lo ha hecho ciego sin ver que con su prepotencia
desconoce las resoluciones internacionales y arrasa la legalidad
internacional institucionalizada como acaba de ocurrir con la reciente
invasión a Iraq.
Ahora, si como afirma Castells, el tráfico de drogas es
un negocio que mueve 500.000 millones de dólares al año
y deja resultados superiores al comercio del petróleo que
los americanos tienen controlado (más aún después
de la invasión a Iraq), la droga entonces se convierte en
una prioridad, pues todo lo que ella significa se sale del control
estadounidense, y esa parece ser la razón que incomoda a
los Estados Unidos: cultivo, procesamiento, venta de precursores
químicos, transporte, distribución y comercialización
en las calles de la grandes ciudades occidentales, lavado de dinero
y blanqueado de activos, son actividades que escapan al control
y que mueven una enorme cantidad de dólares que robustecen
economías marginales conectadas a los delitos y la criminalidad
transnacional organizada.
Igualmente, lo que está en juego, y que los Estados Unidos
no escuchan, es una eventual legalización de la droga. En
este caso, el dinero que ahora es ilícito, de legalizarse
sería controlado por los países productores y exportadores,
y legalizar el negocio significa, también, que lo asuman
de forma directa o con la tributación de impuestos provenientes
del negocio, los gobiernos de los países de Latinoamérica,
fortaleciendo sus economías y replanteando una nueva estructura
en el comercio internacional que le abriría espacios a estos
países en la balanza de productos exportables, como son tradicionalmente
el café, el banano, las flores, el petróleo y las
frutas tropicales. Un negocio que, evidentemente, al ser legal permitirá
la entrada de dólares saneados que fortalecerían sus
monedas frente al dólar americano y el euro europeo.
Por otro lado, el proceso de producción de coca está
deforestando los bosques y la selva virgen, contaminando las aguas
y contribuyendo a la erosión de los suelos (los laboratorios
de procesamiento de la pasta operan en las zonas selváticas
de la amazonia, sin tomar medidas de protección de los ecosistemas
y la biodiversidad), pues el tratamiento de los 22 precursores químicos
que se utilizan en el proceso se hace sin ningún control
ambiental contaminado con sus desechos suelos y aguas. Otro efecto
nocivo sobre el impacto ambiental es el que está ocasionado
las fumigaciones con Glifosato o Tibuthiurón, sin embargo,
son pocos los que están interesados en evaluar el impacto
que la producción de coca está dejando en los ecosistemas
de los países productores, si se continúa haciendo
de manera ilegal. Las fumigaciones, por ejemplo, que se han suspendido
en varias ocasiones por la oposición de medios académicos
y opinión publica, se reanudan con el argumento de que no
tienen respaldo científico ni son demostrables los efectos
nocivos de esta actividad en la población. Se calcula que
miles de hectáreas han sido y están hoy siendo deforestadas
en la selva amazónica por el negocio de la droga, en ese
triangulo fronterizo conformado por Perú, Colombia y Brasil.
Para concluir, no legalizar la droga por la repersecución
en materia de salud en la sociedad norteamericana, no es más
que el sofisma de distracción usado por los Estados Unidos
para hablar del daño que sufre su población en particular
jóvenes en una sociedad que es adicta a todo tipo de drogas.
(En Estados Unidos el consumo de drogas es del 10% del total de
su población lo que constituye más de 110 billones
de dólares en costos económicos para los Estados Unidos
según lo dijera Barry McCaffrey, anterior jefe de la oficina
antinarcóticos de ese país). Combatir con educación
a la población y ayuda a los drogadictos, con plena seguridad
requeriría de muchísimos menos dólares que
los invertidos en represión y persecución del delito.
Las cifras, los estudios y las estadísticas lo confirman.
obandocarlos@yahoo.es
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